Entrevista a Gonzalo Rua. Consejero de la Ciudad de Buenos Aires.

El Dr. Gonzalo Rúa, Consejero de la Magistratura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, nos da su mirada respecto a las complejidades por las que transita el poder judicial porteño.

- Gonzalo, el año pasado, desde la Comisión de Transferencia de Justicia Nacional de la Ciudad, lanzaron un informe sobre el relevamiento estadístico de causas ingresadas al foro, durante 2019. ¿Qué datos te llamaron la atención? ¿Cómo fue la metodología para la recolección de datos?


- Bueno, el primer punto que me gustaría comentar tiene que ver con el porqué de  levantar esta estadística. Uno de los puntos que observé cuando entré al Consejo de la Magistratura, como consejero, tenía que ver con que en muchos países de la región, provincias, pero sobre todos países de la región se podía consultar en las páginas de los poderes judiciales, todos los datos concretos de ingresos, egresos, respuesta del sistema, tiempos de demora, etc., sin embargo eso no pasaba en el Poder Judicial de la CABA. A pesar de tener un buen sistema de registro y un buen sistema tecnológico, me llamaba la atención las serias dificultades que tenía el Poder Judicial de la Ciudad en publicitar datos estadísticos sólidos y confiables. De modo tal que, uno de los primeros desafíos en mi gestión en el Consejo consistía en trabajar en pos de valores republicanos y transparentar la información del Poder Judicial. Por ello comencé presentando un informe que mida el impacto y resultado en materia penal y contravencional en el Poder Judicial, de modo de poder evaluar el funcionamiento del sistema. Nuestra idea es que estos primeros informes que estamos desarrollando culminen en un proyecto de estadísticas públicas que queden plasmadas y visibles en la página web del Poder Judicial. Por eso fue un desafío poder obtener esta primera información. 

Sobre el informe en sí, lo primero que queríamos medir era el impacto del último traspaso de competencias penales, identificar cuáles son los delitos que tienen mayor caudal de casos, cuál es la respuesta del sistema y determinar la tasa de judicialización. Del primer informe nos llamó la atención que no necesariamente la mayor cantidad de ingresos son judicializados. Si trazamos un ranking, podemos observar que el delito que registra mayores ingresos está vinculado a la tenencia de estupefacientes para consumo personal. Este dato nos marca que el sistema judicial, esto es los operadores del sistema, ya sean policiales o funcionarios judiciales, están invirtiendo tiempo de trabajo y hombres en esta actividad para casos que, finalmente, no prosperan. Así observamos que en el año 2019 ingresaron al sistema cerca de veinte mil casos por ese delito, sin embargo solo unos trescientos casos fueron judicializados. Este es un punto muy importante porque si bien nos marca que la mayoría de estos casos se archivan, aún tenemos una enorme inversión de tiempo en su tramitación. Eso no tiene ningún sentido. El otro impacto que vimos, que me parece un dato importante es que, el porcentaje de casos judicializados tanto en materia penal como en materia contravencional se mantiene estable. Estamos hablando que cerca del 15 o 20 % de los casos se judicializan. Esto quiere decir que, las fiscalías, que son los que tienen que llevar adelante la investigación, en el 80 % de los casos, arriban a un acuerdo dentro de la fiscalía o directamente lo desestiman por razones de política criminal, porque no tiene un peso específico el caso. Este dato no tiene por qué considerarse como bueno o malo, sino que había que analizar qué tipo de respuesta se está danto en esa gran cantidad de casos que no pasan por los juzgados,  si es una buena respuesta y si responde a una adecuada política criminal y, en ese caso, qué tipo de directiva se traza desde la Fiscalía General. 


-La metodología de relevamiento de datos, cómo la pudieron construir? En el portal del Consejo de la Magistratura, los datos no están bien relevados, es un sistema lentísimo. ¿Cómo congeniaron para poder unir el dato judicial con el dato del Ministerio Público Fiscal?


- El problema que aún tenemos es que, el Ministerio Público Fiscal trabaja con un sistema que se llama Kiwi y el Consejo de la Magistratura, con los juzgados, trabaja con el sistema Eje. Estamos trabajando en compatibilizar ambos temas  y el gran problema que observamos, y por eso cuesta tanto levantar información es que, cuando el Ministerio Público Fiscal procesa sus casos y los judicializa, traslada toda la información del sistema Kiwi al sistema Eje y a partir de allí, toda la carga recae en los Juzgados. Esto quiere decir que, más allá de las listas de información que tengan los ministerios públicos, planillas Excel o cualquier otro insumo para levantar datos, toda la información queda en el sistema del poder judicial, en el sistema Eje. Y es por ello que debemos trazar una política pública de mayor profesionalización en la carga de información al sistema. 

De los primeros estudios que relevamos sobre el sistema, es que aún contamos con ciertas irregularidades en la carga de información y es un plano en el que debemos trabajar fuertemente. Es por ello que consideramos que aún el sistema no es del todo confiable, porque el sistema informático permite algunas cargas en las que no se exige completar todos los cargos, generándose así datos con cierto margen de error. Por ejemplo, la cantidad de condenas dictadas que arroja el sistema parecen ser menores a las que efectivamente se dispusieron. Esta primera investigación que realizamos desde mi Unidad, nos permitió verificar que es necesario mejorar la carga del sistema y estamos trabajando ahora fuertemente para presentar en un plenario un proyecto de estadísticas más confiables y públicas de modo tal de quedar a la vista de toda la ciudadanía. 


- Uds. aclaran en el informe, desde el inicio, que no pretenden un cambio, sino dar cuenta de un estado real de situación de la justicia porteña en vistas a una posible transferencia total. ¿Qué falta para acelerar el traspaso?


- El informe está pensado desde dos perspectivas. Por un lado, saber dónde estamos parados para poder mejorar el sistema de justicia y, por otro lado, de cara a las nuevas competencias que deben ser transferidas, posicionarnos para pensar cómo reestructurar y reorganizar la justicia. Nosotros creemos que el Poder Judicial de la Ciudad de Buenos Aires debe ser reestructurado. Creemos fuertemente que un Poder Judicial debe ser construido sobre tres grandes pilares: eficiencia y especialidad; una justicia descentralizada y que esté más cerca del ciudadano; y, en tercer lugar, un sistema transparente y republicano que permita rendir cuentas. Eficiencia, descentralización y transparencia deben ser los valores sobre los que debemos repensar la justicia penal en la CABA. En algunos de estos pilares hemos avanzado y en otros no. Hoy en día, la justicia de la Ciudad de Buenos Aires, procesó en el año 2019, 96.000 casos penales, 76.000 contravencionales y 3000 faltas. Lo que resta transferir a la Ciudad son 27.000 casos con autor conocido, y 140.000 con autor ignorado, lo que nosotros denominamos NN. El impacto sobre los delitos a transferir es realmente significativo, porque si bien es un número menor de casos -27.000 casos que restan transferir contra 96.000 ya transferidos no parece tener mayor impacto- lo cierto es que se trata de delitos de mayor gravedad y complejidad. De los estudios que realizamos desde la Comisión de Transferencia del Consejo de la Magistratura, la que presido, verificamos que la mayoría de los casos ingresados sobre delitos aun no transferidos a la CABA, en su gran mayoría tienen escalas penales que superan los tres años de prisión. No se trata de medir solamente la cantidad de casos que ingresan, sino también tener una mirada cualitativa de qué exigencias y complejidades representará para el Poder Judicial de la CABA. Y la enorme cantidad de casos, seguramente, requerirá de una política de descentralizar la justicia de algún modo, para tener un servicio de justicia más cercano y eficiente. La ciudad de Buenos Aires es una urbe muy grande, tiene una enorme cantidad de conflictos penales y parece prudente pensar en si es necesario elaborar zonas para poder trabajar de manera más prolija y más eficiente en el sistema de justicia. Pero esto no es sencillo, porque hay que evitar que las zonas generen cargas desequilibradas entre sí. 

Por otro lado, también vemos que la competencia que hoy tienen los Jueces de la CABA es inmensa. No existe en toda Latinoamérica tribunales con tan amplia competencia. Un juez de la Ciudad tiene competencia penal, contravencional, faltas, ejecuciones, régimen de menores y alguna que otra cuestión adicional como la ejecución de multas. Además de todo eso, en materia penal mantienen tanto la función de juez de garantías como la de Juicio y de ejecución penal, entonces se hace difícil pensar y mantener una justicia sin ningún tipo de especialidad.. Me parece que queda pendiente un debate sobre cómo reorganizar la justicia penal. Y allí considero que es viable un camino que nos oriente a desdoblar la materia penal de las contravenciones y las faltas, crear de alguna manera algún fuero especializado en esa materia y poder descentralizarlo. 

También tenemos que tener presente que la transferencia total de las competencias penales requerirá de  trabajar por etapas o períodos. En síntesis, se requiere un trabajo progresivo de las competencias penales que resta transferir, trabajar fuertemente en esa descentralización de materia contravencional y de faltas y, por otro lado, elaborar modelos que tengan una mayor transferencia y valores republicanos de modo tal que el poder judicial pueda rendir cuentas.


- Según el informe o el relevamiento que el Observatorio hizo también del informe, hay una fuerte concentración en la persecución de delitos de contravenciones de carácter territorial. Desde lesiones, amenazas, ocupación del espacio público, las contravenciones... ¿Coincidís con esta mirada? ¿A qué piensas que se deben?


- Coincido, hay una cuestión territorial muy marcada. El Ministerio Público Fiscal si bien no está tan descentralizado territorialmente, si trabaja bajo un formato de cuatro zonas con fiscales en cada una de ellas. Esto es un punto que es favorable para poder comprender los fenómenos criminales de cada zona y poder dar una respuesta adecuada. Es cierto que, muchos de los delitos, tales como lesiones, amenazas, daños, tienen que ver con conflictos bien locales, de comunas, de vecindario y demás, y lo propio ocurre con las contravenciones. Por ejemplo, hay zonas donde tiene un mayor alcance las contravenciones vinculadas al uso abusivo del espacio público, hay otras zonas que están muy vinculadas con conducción riesgosa, con ruidos molestos y demás. Si uno empieza a trabajar en zonas y uno empieza a descentralizar los conflictos, tiene mayores herramientas para comprender los conflictos y los fenómenos criminales. Por otro lado permite a los ciudadanos estar más cerca de los fiscales, tener un diálogo más fluido con ellos para pasar información, preocupaciones y que ellos puedan comprender el conflicto y buscar las salidas más eficientes para su resolución. Incluso pienso que, si lográramos desdoblar las funciones, esto es, que haya fiscales especializados exclusivamente en faltas y en contravenciones, seguramente permitiría una mejor respuesta. 

Vemos con cierta preocupación que a medida que avanza la cantidad de competencia penal, hay una disminución del interés del ministerio público fiscal en la persecución o en obtener respuestas satisfactorias a contravenciones. Si uno mira nuestro informe, puede observar las respuestas que se dan en materia contravencional son bien diferentes. Por ejemplo, en algunas contravenciones las respuestas son óptimas, en conducción riesgosa la ciudad ha tenido una buena respuesta, de 5000 ingresos del 2019 dio respuesta a 4600, es más del 90 %, lo cual indica que han encontrado la manera de responder satisfactoriamente a este inconveniente. Pero hay otras contravenciones que no tienen ningún tipo de respuesta, en ruidos molestos por ejemplo, se ha abandonado la solución de este inconveniente, porque de 13.000 ingresos menos de 100 ingresos tienen una judicialización, de modo tal que descentralizar y desdoblar competencias, permite tener una mayor vinculación con el ciudadano y una respuesta más satisfactoria al tener una mayor comprensión de los conflictos.


- ¿Estás de acuerdo con una descentralización, aún mayor, más allá de las cuatro zonas en las cuales actúa el ministerio publico fiscal? ¿Más barrial...?


- Posiblemente en una ciudad de más de 3.000.000 de habitantes como lo es la Ciudad de Buenos Aires, a lo que hay que sumarle que día a día ingresan al menos otros 3.000.000 de habitantes, que el sistema judicial presenta ingresos de unos 300.000 casos anuales entre delitos y contravenciones, se requiera una mayor zonificación. Si uno mira como análisis comparativo, la Ciudad de Santiago de Chile tiene una densidad poblacional bastante similar a la nuestra. Tiene más de 3.000.000 de habitantes y tiene aproximadamente más de 500.000 ingresos anuales entre pequeñas faltas, contravenciones y delitos. La Ciudad de Santiago de Chile está desdoblada en varias zonas y si bien tiene también cuatro zonas, cada una de esas zonas está compuesta por distintos colegios de jueces, distintas unidades fiscales descentralizadas dentro de una misma zona. Por ello no podemos descartar la posibilidad de ampliar aún más las zonas judiciales. Si algo aprendimos de más de 30 años de procesos de reforma, es que siempre debemos evitar caer en fórmulas rígidas. Hay que mantener modelos flexibles en base a los objetivos que nos tracemos para mejorar el servicio de justicia. Hoy cuatro zonas permiten desdoblar la ciudad de manera adecuada para la investigación. Cuando estemos hablando de un aumento significativo de ingresos, cuando se haya traspasado toda la competencia penal, es posible que sea prudente repensar la zonificación judicial.


- Los datos que arrojan el informe evalúan obviamente una fuerte presencia del Ministerio Público Fiscal, en un sistema que funciona o va atrás del modelo acusatorio. ¿Cómo evaluás en este funcionamiento, el rol de la defensa pública?


-Así como la fiscalía no debe tener estructuras rígidas, en el sentido de tener como respuesta única cuatro zonas con la misma cantidad de fiscales por zona, sino que tiene que ver cómo va aumentando cierta criminalidad o cierta conflictividad, la defensa tiene que hacer lo propio, tiene que trabajar en las zonas que plantea la fiscalía pero orientar los recursos que tiene en cuanto a la defensa del caso individual, atendiendo a la mayor o menor complejidad, la mayor o menor persecución que realice el ministerio publico fiscal. A su vez, la defensa tiene que trabajar fuertemente, desde la Defensoría General, en la creación de estructuras que den apoyo y soporte a los defensores, y en estructuras que puedan medir el impacto y las respuestas del sistema, para poder salir a denunciar cuando hay una política de persecución que puedan responder a sesgos discriminatorios o a una política que tiene que ver con una criminalización secundaria muy vinculada a estereotipos criminales. La única manera que tiene la defensa de poder responder en sentido genérico, más allá del caso individual, es tener estructuras que puedan trabajar fuertemente en datos estadísticos y en la medición y evaluación de la política criminal del Ministerio Público Fiscal. En ese sentido la defensa sí estuvo trabajando bajo esta perspectiva. Sin ir más lejos, el año pasado presentó un habeas corpus que daba cuenta de problemas vinculados ya no al caso individual, sino más bien a la cantidad de detenidos que había por alcaldía y como eran pasados de una dependencia policial a otra, en momentos en que nos encontrábamos en aislamiento social preventivo y obligatorio, poniendo en riesgo la salud de los detenidos.


- La Fiscalía de la Ciudad anunció, a partir de la desfederalización, la persecución del narco menudeo, no obstante, los datos que  Uds. relevan, demuestra una clara orientación a la persecución de consumidores. ¿Cuál es tu mirada al respecto?


- Si uno mira los números, ve que aproximadamente 20.000 casos están vinculados a ingresos sobre tenencia de estupefacientes para consumo personal y aproximadamente unos 5.000 casos son de tenencia con fines de comercialización, esto es, narco menudeo. Si uno se concentra en los ingresos, podemos concluir que uno de cada cinco ingresos, esto es el 20 por ciento, está vinculado solamente a la comercialización de estupefacientes, quedando los restantes cuatro para tenencia para consumo. Esto tiene un primer impacto negativo que es que, a pesar de que se han desfederalizado determinados delitos vinculados a estupefacientes, la política de criminalización secundaria que despliegan las fuerzas de seguridad no parece haber variado, sigue estando vinculada a actividad policial desplegada mayormente a la criminalización de la tenencia simple de estupefacientes, con el consecuente gasto de recursos humanos y recursos materiales. El segundo análisis que se puede hacer de esto puede ser más optimista, esto es, la fiscalía ha optado por no perseguir esos casos, porque de los 20.000 casos vinculados a tenencia simple de estupefacientes solamente se judicializaron 300, aproximadamente un 1,5 % de los casos son judicializados. Esto demuestra que la fiscalía no está dispuesta a perseguir casos de tenencia para consumo personal, está más orientada a sostener la doctrina del precedente Arriola de la Corte. Pero no podemos dejar de observar cierta posible descoordinación entre la política desplegada por las fuerzas de seguridad y la política criminal del Ministerio Público. Esta descoordinación trae aparejado fuertes costos tanto materiales, personales como de eficacia en la investigación.

Con respecto a la tenencia con fines de comercialización, vemos que de los 5.000 casos que ingresaron en el año 2019, solo se habían judicializado 1000, esto quiere decir que 1 de cada 5 se judicializan, este es un 20 por ciento. Este dato todavía falta trabajarlo un poco más para medir la eficacia del sistema en los casos judicializados.

Posiblemente aun sea un poco pronto para poder sacar conclusiones sobre el éxito o el fracaso de la política criminal desplegada por el ministerio público en esta materia. Aún no hay información precisa  por ejemplo para saber si a través de la política criminal desplegada en la materia se ha logrado reducir el fenómeno criminal del narco crimen, y si se ha logrado desbaratar alguna estructura que esté vinculada a la misma. Es esperable que la Fiscalía de la Ciudad de Buenos Aires trabaje con un vínculo muy aceitado con las fiscalías federales, con la Procunar para poder evitar que investigaciones que se realizan en la ciudad de buenos aires puedan afectar el éxito de investigaciones realizadas en materia federal. 

Estos vínculos, hasta donde yo tengo entendido, todavía no están del todo aceitados, no se conocen protocolos de trabajo, como si ha ocurrido en otras provincias como la de Salta donde hay un fuerte trabajo de cooperación mutua. Es esperable que la Ciudad avance en transparencia y publicidad de la política criminal y que la Fiscalía General de la CABA presente informes de evaluación sobre su política criminal, como ocurre en otros países de la región. Por citar algunos ejemplos, en las fiscalías más modernas de Chile, Guatemala, Colombia, entre otras, existe la obligación del fiscal general, de trazar un plan de política criminal y presentar evaluaciones periódicas para saber si hemos tenido un éxito o no en cada una de las medidas dispuestas. Mientras no tengamos esta respuesta, la actividad del Ministerio Público Fiscal, salvo para los fiscales, para el resto de los ciudadanos pasa a ser una política que desconocemos hacia donde esta orientada.


- ¿Vos pensas, con esta experiencia de los 21 años que lleva la Justicia de la Ciudad, ha podido intervenir en los circuitos delictivos de la ciudad? ¿Le falta todavía preparación? ¿Le falta dinamizar un poco más para intervenir en las conflictividades mayores de la ciudad? ¿Está preparada la ciudad para recibir esos conflictos?


- Yo creo que el poder judicial de la ciudad de bs as se fue profesionalizando a medida que fueron pasando los años. Tiene algunos éxitos y también algunos pendientes. De aquella justicia que comenzó a trabajar en el año '98, solamente con contravenciones y faltas, se ha ampliado mucho su competencia y se fue mejorando en muchos aspectos.

Así como antes teníamos solamente cuatro jueces y cuatro fiscales trabajando en la ciudad, hoy contamos con un equipo de más de 30 jueces, 31 jueces de primera instancia, 10 jueces de cámara, 41 fiscales de primera instancia, 5 fiscales de cámara, 26 unidades coordinadoras y la defensa cuenta con 24 defensores de primera instancia. Todas estas estructuras, tanto de fiscalía, de defensa, como de juzgados, cuentan con una enorme cantidad de funcionarios y empleados. Si analizamos la cantidad de recursos humanos con que contamos, vamos a poder observar que en el Ministerio Público Fiscal se cuenta con cerca de 2000 personas, en la Defensa Pública se cuenta con cerca de 1200 personas. Estos números nos muestran grandes estructuras que están preparadas para absorber nuevas competencias legales.

En cuanto a los resultados, es difícil medirlo en general. Entiendo que la justicia porteña ha tenido un muy buen impacto en algunas materias. Por ejemplo en lo que tiene que ver con la tenencia y producción de materiales de abuso sexual infantil, más conocido como pornografía infantil hemos obtenido muy buenos resultados y es una justicia que enseña hacia el resto del país y hacia otras jurisdicciones sobre cómo llevar adelante investigaciones complejas, y cómo dar respuestas acertadas.

En otras materias penales también se ha logrado avanzar. Hemos logrado absorber una enorme cantidad de detenidos en lo que es la tramitación de delitos que están vinculados con estupefacientes,  Hemos logrado también dar una enorme cantidad de respuestas en soluciones alternativas al conflicto, hemos construido un equipo de mediadores adecuados y una oficina de control de salidas alternativas a la prisión que funciona adecuadamente y que hay pocas de estas oficinas en nuestro país. De modo tal que estos son éxitos en el sistema que uno debe celebrarlos.

En materia contravencional también hemos construido algunos éxitos. Hemos logrado constituirnos en una justicia que da respuesta al flagelo que es la conducción en estado de ebriedad, que se muestra con una eficacia de más del 90 % de los casos. Y así podríamos seguir enumerando éxitos. Así podríamos mencionar que hemos establecido un sistema oral y dinámico de audiencias, mucho más expeditivo y más rápido que la justicia nacional. 

En materia de investigación creo que estamos todavía en zonas un poco más grises. Hemos avanzado en crear un cuerpo de investigaciones judiciales que permite procesar con mayor éxito algunas investigaciones, aunque la respuesta que nos arroja el sistema todavía no nos permite marcarlo como un gran avance. Si observamos la cantidad de condenas, el porcentaje de casos en los que se obtiene una respuesta alternativa, aun son bajos, en estos puntos aún estamos en rojo, y diría que todavía tenemos algunas deudas pendientes en lo que es transparencia en valores republicanos. No hemos podido establecer un sistema mucho más republicano como es la justicia por jurados a pesar de tener proyectos trabajándose constantemente, no hemos logrado tener por ley un sistema que obligue al ministerio público fiscal a trazar política criminal y a evaluarla. No hemos obtenido tampoco a nivel concejo de la magistratura una obligación legal que también establezca cuales son las políticas públicas del consejo de la magistratura y cuáles son sus evaluaciones. Creo que estos son los puntos débiles.