Editorial

Hacia la construcción de una Política Criminal democrática e inclusiva.

EDITORIAL

 Las elecciones presidenciales del pasado mes de octubre marcaron la necesidad de llevar adelante una reorientación del conjunto de políticas de estado. La pobreza, la crisis económica, el desempleo y la falta de respuesta por parte de las agencias públicas a las necesidades fundamentales de la sociedad demostraron que la retracción estatal no resulta una opción adecuada si en paralelo también se retraen el conjunto de derechos de la ciudadanía. La seguridad pública, como materia y competencia del Estado, no ha sido una excepción en estos términos. Lamentablemente, desde la recuperación del sistema democrático de gobierno, la política se ha apoyado recurrentemente en el sistema penal y en las fuerzas de seguridad para contener los efectos segregadores de la pobreza, dando lugar a una suerte de continuo control punitivo de los sectores más vulnerables de la sociedad, quienes han padecido de manera reiterada los efectos nocivos de políticas económicas errantes y excluyentes. Por consiguiente, las consecuencias de la utilización abusiva del sistema penal a estas alturas resultan insoslayables. Durante años nos hemos permitido penosamente que ciertas conflictividades que antes eran abordadas en sus causas y en su expresiones no violentas por agencias no represivas (falta de trabajo, falta de salud, hacinamiento, adicciones, dificultades en el acceso a la vivienda, deterioro de las redes de contención básicas como el colegio, clubes de barrio, etc) pasaran a ser abordadas en sus consecuencias y en sus expresiones violentas por las fuerzas de seguridad. Esto originó que durante casi cuarenta años sectores representativos de la sociedad civil y de la política hayan codificado los problemas emergentes de la pobreza en clave punitiva, lo que significa que la única respuesta que entendimos viable para hacerle a los conflictos emergentes del faltante de políticas públicas sea la contención punitiva que ofrecen las agencias represivas del Estado. En este sentido, el error más grande en materia de seguridad y política criminal en los últimos años (pero también extensible a tiempos atrás) fue pensar que la fortaleza de un Estado depende más de su capacidad represiva que de su capacidad para prevenir escenarios conflictivos. Este estado de situación, sumado a la falta de un sistema de justicia eficiente y democrático, no solo en su faz institucional propiamente dicha sino, además, en lo relativo a su funcionamiento y doctrina, ha generado una estatalidad debilitada de proyección cortoplacista elaborada sobre la base de la mirada policial del conflicto criminal subsidiaria de las reales prioridades del Estado durante estos últimos tiempos. En este sentido, la economía, la pobreza, la desocupación y los vaivenes institucionales -en términos de orientación de las políticas públicas- relegaron la Política Criminal a la capacidad (o incapacidad) del Estado de manejar la seguridad y el sistema penal sin otro mérito que la obtención de niveles altos, pero tolerables, de conflictividad delictiva. Lo que, desde una mirada restringida y policial, nos condujo a discutir únicamente cuándo y cómo prohibir y cuándo y cómo castigar, y no a cuándo y cómo prevenir y cuándo y cómo reducir el delito sin uso de la fuerza como condición sine qua non. Es por ello de la necesidad de poder proyectar un diseño político criminal acorde a las necesidades actuales y a las múltiples formas delictivas desde una perspectiva que no solo contemple una intervención violenta, como carril exclusivo de la Política Criminal, sino una intervención estratégica y multiagencial en razón de los reales intereses del Estado y la sociedad para dar una respuesta eficaz al delito bajo los carriles del sistema democrático y legal.  Ante esta realidad existen dos alternativas. La primera que se vuelvan a activar los canales de diálogo de las agencias no represivas, cuestión que, si bien no depende del Ministerio de Seguridad, este puede ofrecerse como un canal operativo para coadyuvar con dicho fin. La segunda, y la más importante, es reconfigurar el espectro punitivo del sistema penal, porque si lo que pretendemos es reducir la violencia social y la violencia institucional, lo primero que tenemos que lograr es que el Estado deje de resolver violentamente aquellos conflictos que puede resolver de manera eficiente sin el uso de la violencia. Para que esto ocurra es necesario que entren en vigencia cinco nuevos principios que tendrán la misión de moldear las bases de la nueva política criminal del Estado. A saber: a) Principio de mínima intervención: Si el conflicto que debe abordar el Estado no posee un mínimo componente violento, el Estado debe abstenerse de resolverlo violentamente; b) Principio de proporcionalidad: El Estado no puede generar más violencia que aquella violencia que intenta prevenir; c) Principio de razonabilidad operativa: El Estado solo puede intervenir violentamente en un conflicto cuando de no hacerlo este tendería a agravarse; d) Principio de responsabilidad punitiva del Estado: el Estado debe perseguir penalmente la criminalidad para reducirla y no para controlarla, y debe hacerlo dónde y cuándo le corresponde y no dónde y cuándo le conviene según sus necesidades políticas; e) Principio de absorción: el Estado debe ser el encargado de absorber la violencia social para reducir la conflictividad y no para monopolizarla, ya que de lo contrario estaría ejerciendo violencia según sus propios intereses.   Ahora bien, si las circunstancias políticas, sociales y económicas condicionaron las pretensiones punitivas del Estado durante los últimos cuarenta años, es hora de contrarrestar dicha dinámica en favor de un uso racional de su poder punitivo. En este sentido, el nuevo gobierno toma las riendas de la seguridad y la política criminal del país con la tasa de prisionización más alta de la historia, lo que sugiere que en estos últimos años el Estado ha preferido dirimir ciertas conflictividades, preferentemente, a partir del uso de la violencia. Por lo expuesto hay que ser concluyentes: Que el Estado detente el monopolio de la fuerza no equivale a los conflictos de la sociedad deban resolverse violentamente, ni siquiera como primera opción.  De esta manera, la mejor política criminal, entendida como el conjunto de discursos normas y prácticas que organizan y dirigen hacia determinados conflictos los medios represivos del Estado, es la que logra armonizar los pulsos punitivos con el conjunto de derechos y garantías de la Constitución Nacional y demás plexos normativos, lo que no significa que el Estado deba tener una mirada permisiva de la criminalidad, sino rigurosa de los medios que se utilizan para combatirla. La finalidad de la política criminal es reducir el delito en el marco del estado de derecho.