Justicia

Controlar el territorio no es controlar la criminalidad

El control territorial en la Ciudad de Buenos Aires a partir del traspaso de competencias penales al fuero local. 

Toda transferencia de delitos supone la creación de un nuevo universo punitivo que no solo debe ser analizado en términos jurídicos, sino también en términos político-criminales. Esto supone dejar de lado el estudio sobre la ley, en tanto abordaje a la normatividad transferida, para pasar a comprender cuáles son los intereses detrás de este proceso y, a partir de ello, cómo se organizarán y hacia dónde se van a dirigir los medios represivos del Estado. 

En este sentido, cuando uno toma conocimiento de los delitos que han sido transferidos a la Ciudad de Buenos Aires se encuentra con una gran variedad delictiva (delitos contra la administración pública, contra el orden público y hasta la ley de drogas). Sin embargo, cuando estudiamos las estadísticas sobre detenciones, o bien, sobre los delitos que finalmente ingresan al sistema de justicia local, nos damos cuenta que existe una fuerte impronta territorial en la persecución penal, principalmente, contra los sectores más vulnerables de la sociedad. Allí se destacan figuras tales como el atentado y resistencia a la autoridad, el “narcomenudeo” y las lesiones. Las que se suman a las de daños, amenazas, tenencia y portación de armas (ya viejas en la ciudad) y a todo el espectro contravencional, principalmente, a la ocupación indebida del espacio público.  Por ello que hay que analizar el traspaso de competencias penales no solo en términos de mayor autonomía jurisdiccional local, sino a partir de una fuerte necesidad política por parte del Gobierno de la Ciudad de controlar el territorio, apoyándose para ello en las fuerzas locales de seguridad y parte del poder judicial que le es a fin. Lo que no equivale a controlar la criminalidad, porque si ese era el fin, se hubiese transferido el robo y hurto que, en definitiva, son los delitos que más padecemos los porteños.

Este proceso de control territorial comenzó en el año 2015 con el cambio de gobierno, cuando en todo el país se profundizó el paradigma discursivo que entendía que se había recibido una sociedad desordenada, clientelar y peligrosa, una policía atada de pies y manos y, sobre todas las cosas, una justicia garantista. 

Este discurso, a nivel local, fue el que motivó las primeras imputaciones a través de procedimientos policiales de identificación de personas sin causa; el que sustentó el traspaso de la Policía Federal a la Policía de la Ciudad; el que motivó también la última modificación al Código Procesal del Ciudad Autónoma de Buenos Aires (limitante de la asistencia temprana a detenidos en las Alcaidías de la Ciudad y relajada respecto a la posibilidad de limitar la libertad individual durante el proceso), la reciente video-vigilancia a través del registro y el control facial, y, a nivel nacional, una gran cantidad de muertos por intervención de las fuerzas de seguridad y la mayor cantidad de presos de la historia del país. 

Por eso el gran error de la Política Criminal de la Ciudad es querer, o buscar independencia, a través de figuras jurídicas que solo tienen como fin controlar el territorio y no la criminalidad. Esto lo menciono porque el fin de una Política Criminal es reducir el delito en el marco del estado de derecho. Lo que supone, por un lado, un control férreo de los medios elegidos para dicho fin y, por el otro, poder asegurar el respeto por el más débil a través de la vigencia plena de derechos y garantías (para la víctima al momento del delito y para el imputado frente al poder punitivo del Estado).  

Lo anterior no equivale a tener una mirada permisiva sobre la criminalidad pero sí rigurosa sobre sus estrategias, medios y fines. El éxito de una política criminal no se mide en virtud de la potencia de los medios represivos del Estado sino en la capacidad que tenga éste de gestionar los conflictos de manera preventiva y sin el uso de la violencia cuando esta genera, de forma física o simbólica, más violencia que aquella que intenta prevenir.