Justicia

Una propuesta judicial para los casos de Violencia de Género.

La mujer víctima de violencia debe tener la posibilidad de acumular las denuncias hechas contra su agresor en un solo fuero cuando los delitos denunciados recaigan en diferentes jurisdicciones.

PROPUESTA:

Sobre la necesidad de modificar la Ley 26.485 y establecer el fuero de atracción en los casos de violencia machista.

A pesar de los innumerables progresos tecnológicos que provocó la revolución industrial y el impulso del régimen capitalista de producción, desde hace mucho tiempo se evidencia la incapacidad del sistema para desarrollar las potencialidades humanas. En ese contexto, que se extiende a nivel mundial, más allá de los distintos avasallamientos de los derechos de ciertos colectivos humanos, hoy cobra notoriedad el hecho de que la mitad de la humanidad es sometida a la opresión por causa de su género. 

En este sentido, al repensar la magnitud de dicho avasallamiento, se torna evidente que sería imposible concebir al colectivo femenino relegado como tal, sin considerar, a su vez, las representaciones, las expresiones y el discurso que sostienen el predominio del imaginario masculino. En dicho marco se percibe que, desde hace mucho tiempo, la historia, las instituciones y las normas sociales son elaboradas por y para los hombres, a los que se los concibe como representantes de la humanidad.

Por su parte, el Derecho desempeña un importante y elemental papel en las relaciones de género, y desde hace unos años se ha transformado en una herramienta relevante para lograr algunas conquistas significativas. Sin embargo, es notorio que la lógica que lo orienta sigue siendo predominantemente masculina. Sexo y género siguen siendo conceptos que se relacionan con las mujeres, mientras que la normativa que hace referencia a los varones no necesita eufemismos, puesto que el derecho los entiende como sujetos únicos.  

Bajo esta lógica, al introducir la cuestión del género, o más precisamente la cuestión de la relación entre los sexos a través de los estudios de género , se vuelve posible divisar que ese sistema asentado sobre la base de la idea de superioridad de los nacidos varones por sobre las mujeres, no es otra cosa que lo que hoy se conoce como el patriarcado. Sin embargo, el patriarcado no es simplemente una alianza lineal entre varones que puede ser divisada con claridad, sino más bien constituye una estructura invisible, una manera de hegemónica concebir el mundo en clave masculina, que se construye a partir del modo en que nos relacionamos. 

De esta manera, a fin de subvertir ese orden, que da lugar a un tratamiento desigual, se vuelve prioritario detectar los mecanismos que operan en el sistema posibilitando la opresión en beneficio de la desigualdad y la jerarquía entre los géneros. Por eso, aun reconociendo los avances producidos y las conquistas que se han logrado en los últimos años en materia de género, es innegable que las oportunidades que se les ofrecen a las mujeres para el logro de una plena igualdad distan mucho de ser idóneas.

Por eso, consideramos que es absolutamente necesario diferenciar los agregados del componente femenino a determinadas legislaciones, de aquellas medidas que deberían adoptarse con una “perspectiva de género”. Dicha perspectiva implica, entre otras cosas, valorar las relaciones de poder entre los sexos, tomando en consideración las repercusiones del sistema patriarcal.   

En este sentido, desde el Observatorio de Política Criminal, venimos trabajando en propuestas elaboradas desde una perspectiva de género, que deberían lograr finalmente abolir la discriminación en que recae la gran parte de la legislación existente en materia de género que ubica a las mujeres en el prototipo de madre, mujer, víctima. Por eso, impulsamos también, entre otras cosas, la reforma de algunas legislaciones que impiden proteger de una manera acabada a las mujeres de la violencia machista.

Dentro del marco de iniciativas que proponemos, algunas de ellas se vinculan con el mejoramiento del servicio de justicia vinculado a la violencia física, psicológica, simbólica y económica que padecen las mujeres, puntualmente en el marco del fenómeno de la violencia doméstica (también denominada violencia familiar ), que constituye actualmente una preocupación para la sociedad, considerándose en algunos casos como una epidemia que hay que erradicar.  

En este sentido, la violencia doméstica, que, como dijimos, suele ser presentada como una epidemia, se instituyó actualmente como una idea pregnante en nuestra sociedad que vino a romper los límites entre el espacio público y el ámbito privado, desafiando la estructura de organización patriarcal, permitiendo la explicación, comprensión y fundamentación de dichas violencias.

La historia avanzó desde el tipo de organización social primitiva en la que la autoridad se ejercía por un varón jefe de familia, extendiéndose sobre los parientes más lejanos del mismo linaje y también sobre sus siervos y esclavos (jefe de familia que era también el propietario y administrador de los bienes) hasta el reconocimiento pleno de los derechos de las mujeres en igualdad de condiciones con los hombres. 

Pero, como ya señalamos, lejos estamos aun de poder garantizar que las mujeres gocen plenamente de sus derechos; nos encontramos aun organizados bajo un patriarcado moderno que es más que una expresión del régimen de dominación en la familia, es una institución para controlar la reproducción de la vida y de la fuerza de trabajo; afianza la supremacía y el poder de un género sobre otro, condicionando el comportamiento sexual y social de la mujer. 

En este contexto la violencia doméstica es uno de los problemas, que afectan a las mujeres, que mayor visibilidad ha alcanzado en el mundo en las últimas dos décadas, producto del trabajo de muchas mujeres, grupos y ONG de mujeres, al cual se fueron sumando los mecanismos de la mujer que surgieron paulatinamente en América Latina. 

La violencia doméstica hoy se reconoce como una violación a los derechos humanos   y, por tanto, como un problema que los Estados deben enfrentar , tanto en el ámbito de la prevención como el de la atención, la investigación y el de la sanción, puesto que de lo contrario incurren en responsabilidad internacional por infringir las convenciones que directa o indirectamente tratan el tema. 

Este punto reclama un pormenorizado análisis que complejice los pensamientos y convicciones acerca del tratamiento penal que se le da a la cuestión, y en este sentido, nuestra propuesta tiene que ver con pensar cómo se tramitan hoy los delitos vinculados con la problemática de la violencia doméstica.

Según la declaración de las Naciones Unidas en Beijing de 1995 , la violencia contra las mujeres “es una manifestación de las relaciones de poder históricamente desiguales entre hombres y mujeres, que han conducido a la dominación de la mujer por el hombre, la discriminación contra la mujer y la interposición de obstáculos contra su pleno desarrollo. La violencia contra la mujer a lo largo de su proceso vital dimana especialmente de pautas culturales, en particular de los efectos perjudiciales de algunas prácticas tradicionales o consuetudinarias y de todos los actos de extremismo relacionados con la raza, el sexo, el idioma o la religión que perpetúan la condición inferior que se le asigna a la mujer en la familia, el lugar de trabajo, la comunidad o la sociedad”.

Bajo estos lineamientos, para muchos la violencia domestica constituye una de las formas más brutales en las que se manifiesta la violencia de género  y es definida como aquella ejercida contra las mujeres por un integrante del grupo familiar, independientemente del espacio físico donde esto ocurra.   

Ahora bien, aunque suelen usarse indistintamente las expresiones “violencia contra las mujeres”, “violencia familiar”, y “violencia doméstica”, técnicamente la expresión “violencia contra las mujeres” es mucho más amplia que las otras, ya que incluye violencias diversas: físicas, sexuales, institucionales, psicológicas, simbólicas, discriminatorias, y todas aquellas que actualmente se clasifican en las legislaciones nacionales e internacionales. 

Por otro lado, una gran parte de la doctrina considera que la violencia doméstica no es asimilable a violencia contra la mujer, y consideran que el concepto refiere a la violencia ejercida en el terreno de la convivencia familiar o asimilada, por parte de uno de los miembros contra otros, contra alguno de los demás o contra todos ellos ; y que comprende todos aquellos actos violentos, desde el empleo de la fuerza física, hasta el hostigamiento, acoso o la intimidación, que se producen en el seno de un hogar y que perpetra, por lo menos, un miembro de la familia contra algún otro familiar .

No obstante, la corriente mayoritaria suele tratar los casos de violencia domestica como violencia de género, y en este sentido el término “violencia de género” se constituyó en un organizador metodológico y semántico que por un lado reconoce y localiza un problema social y por el otro facilita la tarea esclarecedora acerca de los ataques a las mujeres.

Pero más allá de la cuestión semántica, y volviendo al tratamiento penal que recibe la problemática dentro de la respuesta estatal a la demanda de las víctimas de violencia machista, hoy se percibe que el sistema no está brindando una solución eficaz, toda vez que considera cada hecho denunciado de manera desmembrada, sin valorar el contexto.    

Es cierto que la discusión acerca de los fines y las funciones de la pena estatal han merecido la reflexión tanto de juristas como de teóricos de diversas disciplinas a lo largo de la historia. Sumado a ello, adquieren un peso autónomo a la discusión respecto de la pena las reflexiones respecto de la propia finalidad del proceso y el rol de la víctima. En general, las diferentes posiciones se han basado en principios de justicia o en criterios de utilidad, ajenos al derecho positivo. 

Sin embargo, el amplio desarrollo del derecho internacional de los derechos humanos demanda nuevas visiones al respecto, en la medida en la que reclama, ante determinadas violaciones a los derechos fundamentales, la criminalización de los perpetradores. Por eso, consideramos que resulta necesario conciliar esa demanda con un buen servicio de justicia que pueda brindarle herramientas a las partes para resolver el conflicto. La propuesta que presentamos a continuación pretende facilitar el marco de aplicación para que esas pretensiones se concreten.    


PROPUESTA:

La Argentina ha tutelado desde el año 2009, con la sanción de la Ley 26485, el derecho de las mujeres a recibir protección del Estado ante la problemática de la violencia machista. Violencia entendida como toda “conducta, acción u omisión que de manera directa o indirecta, tanto en el ámbito público como en el privado, basada en una relación desigual de poder, afecte su vida, libertad, dignidad, integridad física, psicológica, sexual, económica o patrimonial, como así también su seguridad personal”. 

No obstante, solo algunas provincias han reglamentado la ley de forma tal que las mujeres puedan hacer operativos el conjunto de derechos y herramientas que esta les otorga.

Ante este panorama la pregunta que nos debemos hacer es de qué manera todas las mujeres del país pueden asegurarse un piso mínimo de protección sin tener que depender de la reglamentación de cada provincia. 

Desde el Observatorio de Política Criminal, proponemos llevar a adelante una modificación al Art. 22 de la Ley 26485, para que la mujer damnificada pueda solicitar la unificación de procesos penales que tenga en distintas jurisdicciones contra el hombre violento para que se acumulen en un solo fuero, sea este nacional, provincial o local. De esta manera se intenta evitar la dilación y la re victimización a las que son sometidas cuando su problemática es absorbida por distintas jurisdicciones, cuestión que termina por desnaturalizar la su reclamo.

La actual redacción del Art. 22 de la ley 26485 establece lo siguiente: Competencia. Entenderá en la causa el/la juez/a que resulte competente en razón de la materia según los tipos y modalidades de violencia de que se trate. Aún en caso de incompetencia, el/la juez/a interviniente podrá disponer las medidas preventivas que estime pertinente.

Este artículo, si bien hace efectiva la chance de denunciar al hombre violento en cualquier instancia jurisdiccional, cuando existen diversos hechos denunciables la mujer no canaliza toda su pretensión si esta es absorbida por distintos fueros, por lo que su problemática se multiplicará de acuerdo a la competencia de cada tribunal. 

Esto termina perjudicándola en virtud de la multiplicidad de estrategias procesales que deberá adoptar en cada juzgado, desdibujando su legítimo reclamo, en tanto la revictimiza y la desalienta a seguir con dichos trámites de manera simultánea. 

Es por ello que proponemos una mínima modificación a la redacción de este artículo para garantizar que la mujer pueda acumular los legajos que tenga contra su agresor en solo juzgado, sea que este posea la competencia más amplia o bien, que tenga las mejores herramientas para resolver más rápidamente y de forma efectiva la problemática que denuncia la mujer damnificada. 

La nueva redacción del Art. 22 sería la siguiente: Competencia. Entenderá en la causa el/la juez/a que resulte competente en razón de la materia según los tipos y modalidades de violencia de que se trate. Aún en caso de incompetencia, el/la juez/a interviniente podrá disponer las medidas preventivas que estime pertinente. No obstante, la mujer podrá solicitar la unificación de los procesos que tenga contra el supuesto agresor, sea que estos tramiten en jurisdicción nacional, provincial o local, para que se acumulen en un solo fuero y haga más conducente su reclamo.


Creemos que este agregado pone en manos de la mujer una herramienta capaz y autosuficiente para que sea un solo juez el que intervenga y resuelva su problemática en toda su extensión, ya que es posible que la mujer damnificada tenga varias denuncias diseminadas en varios fueros. En este sentido, la distribución de las competencias no resulta óptima para los casos de violencia de género, toda vez que, por ejemplo, un delito como las amenazas pueden tramitar en el fuero Penal, Contravencional y de Faltas de la Ciudad de Buenos Aires, pero si estas son coactivas deben hacerlo en el fuero Correccional, al igual que en el caso de abuso sexual con el fuero nacional. 

Es por ello la necesidad de elaborar herramientas concretas que aceleren respuestas efectivas ante problemáticas que poseen altos índices de mortalidad. Asimismo, se reconoce que, si bien esta propuesta es un objetivo alcanzable, mejor sería poner en funcionamiento tribunales de competencia amplia que puedan tratar la cuestión criminal y los reclamos civiles de forma integrada, con perspectiva de género y fuera de la visión netamente punitivista que se tiene del conflicto, máxime cuando hay menores de por medio. Sin embargo, que esto puede funcionar a futuro, pero hoy por hoy las herramientas y los dispositivos necesarios no se encuentran al alcance para volverlos operativos. 

Por otro lado, se abre la posibilidad -en caso de darle curso a la modificación de la Ley- de reclamos defensistas que objeten el alcance de la garantía del Juez natural, amparada en el Art. 18 de la Constitución Nacional y demás Tratados Internacionales con jerarquía constitucional. No obstante, en la gran mayoría de los casos, lo cierto es que para el imputado es conveniente que los múltiples procesos en su contra sean unificados a los fines de no llevar adelante distintas estrategias de defensa sino una sola que contemple toda la problemática de la que es parte. 

Por ello, se propone un agregado al Art. 22, posiblemente bajo la nomenclatura: “bis”, que establezca con claridad el alcance de la garantía del mencionado juez natural para que se evite la dilación de los procesos. Quedaría redactado de la siguiente manera:

ARTÍCULO 22 bis. –Más allá de lo dispuesto en el artículo precedente, el imputado podrá solicitar que se respete la garantía del juez natural durante todo el trámite del proceso y hasta el momento del requerimiento de elevación a juicio. Sin embargo, una vez solicitado y sustanciado lo precedente no podrá pedir la unificación de procesos en su contra.


Este punto es decisivo ya que no reglamenta la garantía invocada de forma directa, sino que establece un marco para el cual esta no se vuelva, tal como dijimos previamente, una herramienta de dilación procesal que consagre la impunidad del imputado. 

AMBITO INTERNACIONAL

En esta materia lo primero que se puede dilucidar es que la problemática a analizar no es una cuestión atinente únicamente a nuestro país o a la región, sino que afecta a varias naciones de los distintos hemisferios. 

Tal como intentamos aclarar, la violencia de género no tiene pertenencia a una clasificación de países por ser desarrollados, subdesarrollados, emergentes o los llamados de primer, segundo, tercer mundo. Se caracteriza por ser transversal a toda categorización de esta índole, la causa no se identifica por el desarrollo económico de un país, sino que se asocia a cuestiones sociales y culturales del desarrollo humano en los distintos estados. Es propio y se intensifica en sociedades históricamente estructuradas, tradicionales y patriarcales, donde el tipo de organización social detenta autoridad y poder en el hombre (mayor autoridad familiar o en el grupo social). 

Lamentablemente la mayoría de los países aun conviven con este flagelo, pero también son muchos los que decidieron adoptar políticas públicas para erradicarla. Abarcándola desde una perspectiva polifacética, sin recaer en un juego de apariencias o en inflación de normas, advirtiendo la gravedad del problema y ofreciendo, en las instancias preventivas, la debida contención de esta forma de esclavitud moderna que alcanza a la mujer. Generando normas que permitan garantizar para todas las mujeres una vida libre de violencia, tanto en el ámbito público como en el privado, el ejercicio de los derechos reconocidos en el ordenamiento jurídico interno e internacional, el acceso a los procedimientos administrativos y judiciales para su protección y atención. 

En este orden, existen países que han avanzado en la intensificación de la eliminación de toda violencia ejercida sobre la mujer, acompañando el compendio normativo específico con la creación de tribunales especializados sobre violencia de género. 

Siguiendo la recomendación que realiza el Manual de legislación sobre la violencia contra la mujer de las Naciones Unidas en el punto 3.2.5, quien estipula …”Establecer la creación de tribunales especializados o procedimientos judiciales especiales que garanticen la tramitación oportuna y eficiente de asuntos de violencia contra la mujer; y velar por que el personal asignado a tribunales especializados reciba formación especializada y que existan medidas para minimizar el estrés y la fatiga de dichos trabajadores…” 

Entre los países con tribunales especializados podemos mencionar a Brasil, España, Uruguay, Venezuela, el Reino Unido y varios Estados de los E.E.U.U, entre otros. Demostrando resultado satisfactorios en muchos casos por haber brindado mayores posibilidades al personal de los tribunales para especializarse y ser más receptivo a las cuestiones de género en relación con la violencia contra la mujer. Ya que los operadores ordinarios no prestan atención a las cuestiones de género o no comprenden en profundidad las diversas leyes aplicables a los asuntos de violencia contra la mujer, no generada intencionalmente sino por una sobre demanda y las múltiples competencias del tribunal. Además, no solo perjudica al trabajador, ocasiona demoras y aumentos de costes para la persona violentada. 

Así, entre las ventajas observadas en los países de aplicación, podemos mencionar la intervención de un equipo multidisciplinario al recibir una denuncia, la víctima es atendida por ellos, y luego, de corresponder, se libran las órdenes de restricción de acercamiento para la protección inmediata de la damnificada. 

Existen también casos de aplicación de tribunales especializados “integrados”, como en España, creados a partir de La Ley Orgánica 1/2004, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género (LIVG o VioGen).

Estos entienden todos los aspectos jurídicos de asuntos relacionados con la violencia doméstica, incluidos procedimientos de divorcio y custodia de los hijos y procedimientos penales. En este sentido, al simplificar y centralizar los procesos judiciales, estos tribunales integrados evitan órdenes contradictorias, mejoran la seguridad de las demandantes y reducen la necesidad de que testifiquen reiteradamente. 

Sin embargo, es importante velar por que las demandantes conserven el control del procedimiento y no se sientan forzadas a emprender acciones, como un divorcio o una separación, si no están preparadas. La experiencia de España parece mostrar que los procedimientos instruidos en tribunales especializados a veces van demasiado rápido para las demandantes y que, en consecuencia, algunas se retiran de la causa.


Legislación nacional

En nuestro país, provincias como Jujuy, con la sanción de la Ley Nº 5.897 de “Creación de los Juzgados Especializados en Violencia de Género” (diciembre del año 2015), han mejorado exponencialmente el acceso, procedimiento y las resoluciones judiciales, como así también, evitan y transforman la re-victimización en una contención profesional para aquellas victimas en violencia de género. 

Dichos tribunales tienen competencia tanto en materia penal como civil, para conocer en todos los casos contemplados por la Ley N° 5.107 de Atención Integral a la Violencia Familiar, y por la Ley N° 5.738, de Adhesión a la Ley Nacional N° 26.485.

Las denuncias pueden ser realizadas en las comisarías, la Fiscalía en Violencia de Género y Delitos Sexuales, en el Juzgado o en las Defensorías Civiles que se encuentran en el mismo edificio del Centro Judicial; en donde se utiliza el mismo formulario. El procedimiento que se aplica es ágil, ya que si la víctima se acerca al juzgado es atendida en forma inmediata, seguidamente es derivada al equipo interdisciplinario y a posteriori se disponen las medidas restrictivas contra el agresor. 

En la provincia de Santiago del Estero la Cámara de Diputados sancionó la creación de juzgados de género, a partir de la ley Nº 7.184, que ajustan su actuación a las normas procesales penales del sistema acusatorio previsto por la Ley Provincial Nº 6.941 y las establecidas en la Ley Provincial Nº 7.032. 

A diferencia del caso anterior, esta provincia determinó que la competencia de sus tribunales especializados será en forma exclusiva en todos los delitos cometidos en contra de las mujeres y en todo tipo de violencia que no configure delito en contra de las mujeres. En ambos casos, con los alcances de la Ley Nº 26.485, los jueces podrán actuar en delitos y en todo tipo de violencia que no constituya delito en el marco de las Leyes Nº 24.417 y Nº 6.790 de Protección Contra la Violencia Familiar. 


PEQUEÑA CONCLUSIÓN:

 La necesidad de crear juzgados especializados en violencia de género, la posibilidad de integrar estos con otras materias que, en su conjunto hacen a la misma cuestión, o la posibilidad de acumular en una sola jurisdicción todas sus denuncias, surge de la misma necesidad que tiene la mujer de resolver su problemática con celeridad y bajo una buena administración de justicia. Esta propuesta no solo se enmarca como un camino ágil y útil sino además que ajustada a derecho. 

Como Observatorio de Política Criminal nuestra misión no solo es llevar adelante un examen crítico del trabajo que llevan adelante las agencias punitivas del Estado, sino, además, ofrecer un canal que sirva para orientar y promover herramientas al servicio y desarrollo de un Estado ágil y al servicio de los grupos más vulnerables de la sociedad. 

Las mujeres de nuestro país, más allá de la visibilizarían y promoción de su lucha por la igualdad real frente al poder machista, necesitan de elementos más sofisticados que el mero reclamo. Quizás sea hora de empoderarse, de verdad.