Entrevistas

Nota a Mariano Fusero "Narcomenudeo y Ciudad"

Una mirada experta nos advierte sobre los riesgos de la jurisdicción Ciudad de Buenos Aires a la hora del tratamiento de esta figura tan controvertida en la justicia federal.

Mariano, en enero de 2019 se espera la transferencia de la figura de narcomenudeo a la Justicia de la Ciudad. Cómo ves el traspaso?

Inconstitucional en términos jurídicos, funcional al narcotráfico, redituable en términos de demagogia política y lucrativo para las cajas de las fuerzas de seguridad. Conforme nuestro ordenamiento constitucional los delitos no pueden ser ordinarios o federales por la mera voluntad de las provincias o la Ciudad conforme sus antojadizos contextos políticos. Es lo que la doctrina denominó como “Desfederalización a la carta”, recordando aquel trabajo impecable de Daniel Erbetta y Gustavo Franceschetti. Tal circunstancia rompe la lógica constitucional en la división de competencias, quitándole su razón de ser. No puede entenderse cómo es que dos conductas idénticas, pero realizadas en territorios provinciales diferentes, tengan competencias distintas conforme la mera decisión local. No quiero decir con ello que los delitos de drogas no podrían ser eventualmente comprendidos dentro de la competencia provincial. Podrían ser federales u ordinarios si así fuera establecido por la ley nacional. Lo que no puede validarse, constitucionalmente hablando, es que ello dependa de la mera voluntad de las autoridades provinciales quebrando el régimen federal.
Según se observa en la experiencia de las provincias que ya hace algún tiempo han desfederalizado, la implementación de fueros locales de narcomenudeo han aumentado la persecución de delitos de drogas menores que no tienen ningún impacto real en el abordaje del fenómeno narco, atomizando a su vez la investigación judicial; todo lo cual termina siendo funcional a la impunidad de los delitos graves. Se aumenta así la persecución de personas que usan sustancias prohibidas mediante la criminalización selectiva del delito de tenencia para consumo -declarado inconstitucional por la CSJN en el año 2009 mediante el fallo Arriola-. Por ejemplo, dicha persecución aumentó en un 200% en la Provincia de Buenos Aires luego de implementar la desfederalización, conforme datos de la PROCUNAR. Asimismo se pone el foco en los eslabones más frágiles, débiles, fungibles y captables del fenómeno, como ser las mujeres y jóvenes que realizan conductas de distribución minorista como estrategia desesperada de mera subsistencia económica o para hacerse de las sustancias motivo de un consumo problemático o adictivo a las mismas. En un contexto de crisis social/económica y de feminización de la pobreza, la solución propuesta a tal conflicto social es el encarcelamiento masivo de tales poblaciones, que conlleva grandes índices de hacinamiento penitenciario, estigmatización social, desmembramiento familiar y reincidencia delictiva al no poder reinsertarse luego en el mercado laboral por ser etiquetados en sus biografías con un antecedente penal.
Se observa conforme el estudio de la PROCUNAR mencionado, un aumento en la tasa de criminalización femenina de un 32% posterior a la implementación de la desfederalización. Hago hincapié en tal informe dado que es uno de los pocos estudios que observa el fenómeno desde afuera, cumpliendo con un mínimo recaudo de seriedad metodológica. Los estudios realizados por los mismos fueros de narcomenudeo locales, no me brindan ninguna garantía, objetividad ni seriedad, ya que los mismos son direccionados a validar su propia subsistencia burocrática, demostrando “logros” represivos de baja entidad direccionados a tales eslabones, cuando en sí tales medidas no afectan en nada el fenómeno global y sistémico. Ello no es nada inocuo ni una simple afrenta a la coherencia metodológica en la elaboración de estadísticas. Ojalá fuera sólo eso. La necesidad de demostrar “logros” en el abordaje represivo conlleva a acciones arbitrarias de tales agencias judiciales, fagocitadas y amparadas por la retórica punitivista de estamentos políticos ejecutivos o legislativos que suelen impulsar la desfederalización bajo campañas demagógicas de ley y orden. Por ejemplo, se observa que ante la crítica del incremento de la selectividad penal de las personas que consumen sustancias, mediante la represión de la tenencia para tal fin, se suele agravar la imputación penal de tales personas mediante figuras de mayor entidad penal como ser la tenencia para comercio. De una amenaza de sanción penal de 1 mes a 2 años de prisión (tenencia para consumo), se pasa graciosamente a un delito que tiene como pena de 4 a 15 años de prisión (tenencia para comercio). Ello tiene dos finalidades: demostrar que supuestamente no se persiguen consumidores, sino vendedores; y la no aplicación automática del antecedente “Arriola” en tales causas. Por lo cual, tenemos mayor criminalización, mayor hacinamiento y mayor duración de los procesos en causas que en otros fueros se resuelven con un llamado del fiscal a las policías para evitar tales atropellos innecesarios a las personas que consumen y están amparados por la Constitución Nacional.
Asimismo, la investigación judicial se atomiza. El fuero local se aboca a determinados eslabones menores de la cadena de tráfico y el fuero federal se aboca a los de mayor entidad. La desfederalización impide así entender el fenómeno de forma sistémica, como un continuo desde el tráfico a gran escala hasta la distribución minorista. Sumando a ello la falta de colaboración histórica entre las agencias judiciales y los conflictos de competencia, los datos disponibles revelan que el fuero federal obtiene menor conocimiento de causas relacionadas con delitos graves. Ello redunda en una opacidad en la persecución grandes operadores del negocio criminal, garantizando una mayor impunidad.
La desfederalización así entendida es funcional al narcotráfico y a ciertas cajas policiales que administran el negocio mediante el ejercicio de su control territorial. Para entender ello nos debemos remontar la raíz histórica de la ley nacional 26.052 que permite a las provincias desfederalizar, nacida en el contexto de las denominadas leyes Blumberg e impulsada por la Provincia de Buenos Aires ante una seguidilla de secuestros extorsivos en donde participaban policías de “la bonaerense”. Bueno, el control de la caja narco aparentemente fue la moneda de cambio negociada con las policías para que dejen de realizar tales conductas de mayor conmoción social.

En qué cuestiones deberían poner énfasis las defensas públicas?

En evitar que la demagogia punitiva se lleve puesta la democracia y el Estado Constitucional de Derecho. Precisamente tales campañas tienden a simular una respuesta a las legítimas demandas sociales de seguridad urbana, cuando en sí empeoran la misma en términos de violencia, criminalidad, disputa territorial del negocio y afrenta a derechos constitucionales que también hacen a la seguridad de la población ante un victimario invisible: el Estado Gendarme. La sensación de seguridad ante tal victimario y la excusa autocomplaciente de “algo habrá hecho” ante la otredad, suele acabarse tardíamente cuando al amigx, pariente, madre de un niño con epilepsia, o a nosotrxs mismxs nos allanan en nuestras casas por cultivar una planta ridículamente prohibida, nos requisan violentamente en la vía pública en búsqueda del Chapo Guzmán escondido en nuestras pertenencias o nos llevan a comisarías para que comience el proceso de extorsión policial y judicial. Tal realidad, aunque es trasversal a todos los estratos socioeconómicos, se potencia como toda selectividad penal hacia lxs más vulnerables, sobre los cuales se ejerce el control policial. El sistema se garantiza una clientela cómoda y previamente estereotipada por razones ajenas a sus conductas, para simular un combate frontal al narcotráfico.
Creo que las defensas pueden relevar ello, aportar al debate y visibilizarlo, aunque claramente no sea su función principal. Tampoco es la función de la Fiscalía Federal Nº 6, pero sin embargo desde el año 2011 hace un buen trabajo en cuasi soledad para denunciar tal fenómeno de criminalización selectiva. En otros países existen datos sobre la persecución diferenciada y selectiva por motivos raciales. ACLU en EE.UU. o RELEASE en Gran Bretaña, relevan una tasa de detención mayormente a poblaciones afrodescendientes y latinas en el primero de los casos, y afrodescendientes y asiáticas en el segundo. Sería interesante un aporte sobre ello a nivel local, como se manifiesta el sistema punitivo respecto de las poblaciones históricamente vulnerables ante dicho sistema, bajo caracterizaciones étnicas, situación socioeconómica, educativa, género, etc.
En lo que hace a sus funciones específicas, estar atentos a una mayor inflación punitiva en la represión a consumidores bajo la imputación de conductas de mayor gravedad absolutamente disociadas a los hechos investigados y contemplar empáticamente la situación de extrema necesidad de muchas de las personas que pasarán a ser sus defendidos por delitos de drogas, quienes mayormente cometen actos disvaliosos en un contexto político y social que favorece la incursión en mercados ilegales de mera subsistencia. Ante ello, litigar militantemente alternativas a la prisionización, contemplar y evidenciar situaciones de trata de personas de mujeres y niñxs demandando la no punibilidad en tales casos, actualizar conocimientos propios en materia de inconstitucionalidad de delitos relacionados al consumo (tenencia, autocultivo, consumo ostentoso, etc.), tener en cuenta la difusión masiva del uso terapéutico/medicinal del cannabis, su cultivo y antecedentes jurisprudenciales, etc.

La criminalización ha sido una política errática a la hora de tratar el narcotráfico?

Diría que la criminalización ha sido funcional al narcotráfico. En ese simular hacer contra las hormigas, los elefantes se pasean por la peatonal y edifican torres en Puerto Madero. Casi todos conocemos causas contra consumidores, autocultivadores, etc., pero no percibo que todos conozcamos causas medianamente simbólicas de lavado de activos, por ejemplo. Sin embargo a nivel global se lava el equivalente al 5% del PBI mundial, y a nivel regional un 7%. Esto último representa alrededor de 400.000 millones de dólares en nuestra región. Las mismas agencias de fiscalización internacional reconocen que sólo se logra confiscar un 0.2% de tales montos. Algo irrisorio, vergonzoso, que habla del fracaso del mismo sistema de prohibición y/o su complicidad con las economías ilegales. Tal negocio queda principalmente en la banca norteamericana, como también quedan los réditos de la distribución minorista interna de sustancias prohibidas, en un 44% de un negocio global que ronda los 3.2 billones de dólares. Rió Bravo para al sur, quedan los muertos, los desaparecidos, los desplazados, los fumigados y la irrisoria participación de un 3% del mercado global ilegal. Las penas son de nosotros, claramente.
EEUU tiene 5% de la población mundial y 25% de los prisionizados del mundo; alrededor de 2.5 millones de personas. De las cuales alrededor del 50% están por delitos de drogas, siendo en su gran mayoría son negros y latinos. Y más allá de tal represión selectiva y administrada, consume el 50% de las sustancias ilegales que se producen a nivel mundial, redituando ello en un gran negocio interno. Los prisioneros son agentes molestos o que no supieron adaptarse a las reglas del comercio ilegal/policial o meros chivos expiatorios de la cruzada. Sin ilegalidad, no hay mercado. La ilegalidad es su principal plusvalía. Los presos una mercancía más para el negocio privado de la prisionización.
En nuestro país la criminalización selectiva de usuarixs y pequeños partícipes del negocio ilegal, representa el mayor caudal de trabajo de policías, fiscales y jueces, en porcentajes que resultan escandalosos, tanto en manos de la justicia federal como en manos de la justicia ordinaria en contextos de desfederalización -donde se agrava el problema-. Sin embargo, tanto el presupuesto nacional como los presupuestos locales, siguen apostando fuertemente a la reducción de la oferta (criminalización) en desmedro de la reducción de la demanda (tratamiento y prevención de las adicciones). Para tener una idea de ello, aproximadamente un 95% de los recursos puestos en materia de sustancias prohibidas son direccionados a abordajes relacionados a la seguridad y sólo un 5% en reducción de la demanda. Ello es ridículo y contraproducente. A nivel internacional hay cierto equilibrio en los recursos puestos en ambos abordajes y estudios que reflejan que aquellos colocados en la reducción de la demanda, son siete veces más efectivos que los direccionados en la reducción de la oferta.
Es que también, como reconoce el sistema internacional, mediante el abordaje criminalizante sólo se lleva a confiscar un 12% del circulante de sustancias prohibidas a nivel internacional. Ante tal fracaso, los tratamientos sanitarios de los consumos problemáticos, la gestión de riesgos y reducción de daños, la despenalización de los delitos de consumo y la regulación controlada de sustancias por el Estado, parecieran abordajes más humanitarios, realistas y coherentes que progresivamente se van llevando delante en la arena internacional.
Podemos imitar los fracasos comprobados de la desfederalización, la criminalización y la militarización, simulando estar dando una respuesta a este fenómeno, o podemos considerar aquellos abordajes impulsados desde los mismos países mentores de la prohibición. Pero mientras que la “dureza” contra las drogas y su lenguaje bélico sea redituable para cierta política de contexto miserable en sus propuestas, el presente no es promisorio y las fórmulas redundarán una y otra vez en ser duros contra los débiles y débiles contra los duros.